LA RAZA OLVIDADA


EXPLOTADXS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA

Los varios testimonios de abuso en lugares de trabajo en los Estados Unidos, específicamente entre trabajadorxs migrantes vulnerables y desprotegidos es desconcertante. Hay muchas historias y estadísticas que demuestran violencia y abuso infligidos a trabajadorxs por aquellos en posiciones superiores (o aquellos que tienen ciudadanía). El abuso sexual, la desigualdad salarial, y la exposición a condiciones peligrosos e inseguros en trabajo son algunos encuentros más comunes de trabajadorxs indocumentados en los Estados Unidos en empleos como la construcción, los servicios de limpieza, los campos de agricultura. En estos sectores laborales, los hombres, que a menudo se encuentran en entornos de trabajos peligrosos, están amenazados con salarios bajos y deportación. Las mujeres, que también enfrentan estas amenazas son más vulnerables a la violencia sexual y no pueden denunciar sus abusadores por miedo de perder sus trabajos y ser deportados.

Reflexionando sobre el Huracán Katrina, y la disparidad en el pago entre los trabajadores documentados e indocumentados tras de las consecuencias y reconstrucción de Nueva Orleans, se podría decir que se estableció un sistema laboral injusto, siendo la base que constituye la mayoría de nuestros proyectos de construcción hasta el día de hoy. Durante Katrina, el salario promedio por hora entre los trabajadores documentados fue $16.50 en comparación de $10.00 para los trabajadores indocumentados. Sin embargo, los trabajadores de la construcción, especialmente los indocumentados, reportaban frecuentame, que tenían problemas en recibir sus salarios adeudados. Los indocumentados a menudo vivían y trabajaban en condiciones deficientes, sin hogar, en pobreza, toxicidad, y bajo la amenaza de la policía, las redadas de ICE, sin ninguna garantía de pago de un dia de trabajo, si les hubieran pagado. 34% de los trabajadores indocumentados informaron que recibieron menos dinero de lo que esperaban cuando les pagaron, y 28% de los trabajadores indocumentados dijeron que tenían problemas en recibir el pago (como cheques rebotados, o problemas en comunicarse con sus gerentes). Cuando la administración del Presidente Bush revocar temporalmente las leyes federales de seguridad en lugares de trabajo tras del huracán katrina, Nueva Orleans comenzó a explotar una fuente de mano de obra barata y puso en práctica un sistema ambiguo de ley de migración. Lo que no ha cambiado desde después de Katrina es la cantidad de explotación e injusticia para los trabajadores indocumentados. Muchas trabajadoras se consideran indeseados, después de que se completó el arduo proceso de reconstrucción. Organizaciones como Congreso de Jornaleros, se desarrollaron después del huracán para abogar por los derechos de los trabajadores y continúan en la actualidad en esta lucha.

Del 12 de Octubre de 2019, el Hard Rock de Nueva Orleans, que estuvo en el proceso de construcción en la esquina de calle Canal y calle Elk, se derrumbó, en que murieron tres personas y más de 30 personas resultaron herida. El hotel Hard Rock ha estado en el proceso de construcción en el Barrio Francés para meses—el derrumbe podría haber evitado si hubiera condiciones más seguras y si los contratistas hubieran escuchado las quejas de los trabajadores. Segun a su abogado, Delmer Joel Ramirez Palma, originalmente de Honduras, había señalado preocupaciones sobre problemas de la construcción varias veces a su supervisor. Ramirez Palma tiene 17 años de experiencia en trabajar en sitios de construcción en y cerca Nueva Orleans. Se escapó el daño grave de la estructura de 18 pisos saltando entre los pisos cuando el acero y el concreto de los niveles superiores del edificio se derrumbaron a su alrededor. Siendo un testigo clave del derrumbe y con información sobre la construcción defectuosa del hotel, se convirtió en un candidato principal para la deportación.

El 14 de Octubre, dos días después del colapso, mientras pescaba en Bayou Sauvage Wildlife Refuge, fue aprehendido y arrestado por agentes de ICE. Ramirez Palme fue trasladado a un centro de detención antes de que le deportaron. Su deportación fue fijado para el fin de noviembre a pesar de varios abogados y activistas luchando contra la orden de deportación. Él no tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos, pero había estado aplicando para una extensión de quedarse. Su solicitud más reciente para obtener una extensión fue negada el 3 de octubre, nueve días antes del colapso. Según a su denuncia escrita para el Departamento de Trabajo, Ramirez Palma noto que había discrepancias alarmantes en los dimensiones y la nivelación del edificio, pero le dijeron repetidamente que seguir trabajando o le iban a reemplazar en el sitio de trabajo. La queja sugiere la posibilidad que los empleadores de Ramirez Palma se hayan organizado su arresto que ha ocurrido horas después de una conversación con su supervisor de King Con. El supervisor dijo a Ramirez Palma que no viniera a la junta de la próxima mañana, sobre compensación para trabajadores del colapso. Días después del día de Acción de Gracias, Ramirez Palma fue deportado a Honduras. Esta acción injusta es un recordatorio sustancial de la barrera cruel contra los trabajadores migrantes que trabajan durante una crisis. No queda claro cuántos trabajadores de la construcción del Hard Rock fueron indocumentados, pero está claro que la injusticia laboral no ha transformado ni disminuido.

Nueva Orleans sigue siendo un lugar central de racismo estructural que se niega a borrar la explotación y violencia contra los cuerpos de Latinxs y Afroamericanxs. Historias como de Ramirez Palma iluminan los patrones de desventaja y desigualdad que existen en la estructura de Nueva Orleans después de Katrina, y cómo varias instituciones, incluidas agencias del gobierno e industrias privadas, trabajan juntas para formentar niveles de burocracia y capitalismo en la infraestructura social. Estas deportaciones e historias de explotación no son desgracias aleatorias: son implementadas y mantenidas estratégicamente por agencias en el poder que se benefician de la mano de obra barata y la generación desprotegida que vino a Nueva Orleans para limpiar los fragmentos de una ciudad que llamamos hogar.


EXPLOITED THROUGH INFRASTRUCTURE

The various accounts of abuse in the U.S. workplace, specifically among vulnerable and unprotected migrant women and men laborers is unnerving. There are countless stories and statistics that demonstrate the violence and abuse inflicted among workers by those in superior positions (or those who have citizenship). Sexual abuse, low pay, and exposure to unsafe and dangerous working conditions are some of the most common encounters of undocumented migrants in the United States in fields such as construction, cleaning services, and agriculture. In these labor sectors, the male workers, who are often in perilous work environments, are threatened with low-pay and deportation. Women, facing these same threats, are also more vulnerable to sexual violence, unable to denounce their attackers as they fear they will lose their jobs and be deported.

Reflecting back on Hurricane Katrina and the pay disparity between documented and undocumented workers in the reconstruction of New Orleans, it could be said that an unjust labor system was established, being the basis that constitutes most of our construction projects to this day. During Katrina, the average hourly wage among documented workers was $16.50 compared to $10.00 for undocumented workers. However, construction workers, especially undocumented workers, frequently reported experiencing problems receiving wages owed. The undocumented workers often lived and worked amid substandard conditions, homelessness, poverty, and toxicity under the threat of police and immigration raids, and without any guarantee of a fair day’s pay, if they were paid at all. 34% of undocumented workers reported that they received less money than they expected when paid, and 28% of undocumented workers said they had problems being paid (such as checks bouncing, or trouble getting ahold of their managers). When the Bush administration temporarily revoked federal workplace safety laws in the wake of Hurricane Katrina, New Orleans began to exploit a cheap labor source and put into effect an unclear system of migration law. What hasn’t changed since post-Katrina is the amount of exploitation and  injustice for undocumented workers. Many workers consider themselves unwanted in the city, after the arduous process of reconstruction was completed. Organizations such as Congreso de Jornaleros were developed after the hurricane to advocate for workers rights, and continue that advocacy to this day.

On October 12, 2019, the unfinished Hard Rock Hotel on the corner of Canal Street and Elk collapsed, killing three workers and injuring at least 30 more. The Hard Rock has been in the process of construction in the French Quarter for months—this collapse could have been prevented if there were safer conditions and if contractors had listened to the complaints by the workers. Delmer Joel Ramirez Palma, a native of Honduras, had raised concerns about problems with the construction of the hotel various times to his supervisors, according to his attorney. Mr. Ramirez has 17 years’ experience working on construction sites in and around the New Orleans area. He managed to escape serious harm among the debris and metal when the upper floors of the 18-floor structure came crashing down around him. Being a key witness to the collapse and with information regarding the dangerous and flawed construction of the hotel, he became a prime candidate for deportation.

On October 14, two days after the collapse, Ramirez Palma was detained by ICE agents while fishing in the Bayou Sauvage Wildlife Refuge. He was taken into a federal immigration detention facility in Alexandria before being deported. His deportation was scheduled for late November, despite immigrant advocates and lawyers fighting for his stay. Ramirez Palma did not have work authorization, but he had been fighting for the application of a stay of removal. His last application was October 3, which was denied by ICE nine days before the collapse. According to a written complaint to the Department of Labor, Ramirez Palma noticed “alarming discrepancies in measurements of the building, and not being level, but was repeatedly told to keep working and being threatened to be replaced on the job site.” The complaint suggests that Ramirez’s employers might have arranged his arrest which came hours after being told by his supervisor of King Co. not to attend an early morning meeting for workers to discuss compensation from the collapse. Days after Thanksgiving, Ramirez Palma was deported back to his home in Honduras. This unjust action is a substantial reminder of the cruel barrier put up against migrant workers who do the dangerous work during a crisis. It is unclear how many workers of the Hard Rock construction project were undocumented, but it is clear that labor injustice has not transformed nor diminshed.

New Orleans continues to be a core location of structured racism that refuses to end the exploitation and violence against Black and brown bodies. Stories like that of Ramirez Palma illuminate the patterns of disadvantage and inequality that exist in the structure of post-Katrina New Orleans, and how various institutions including government agencies and private industries work together to promote layers of bureaucracy and capitalism into the social infrastructure. These deportations and stories of exploitation are not random misfortunes—they are strategically implemented and maintained by agencies in power who profit from the cheap labor and unprotected generation who came to New Orleans to clean up the fragments of a city we call home.


ilustración LUIS SAFAH